El grupo fue acusado de seis cargos de fraude electrónico, cuatro cargos de fraude bancario y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
Un gran jurado federal en Alabama imputó el martes al Southern Poverty Law Center 11 cargos de fraude electrónico y bancario, así como de conspiración para cometer lavado de dinero; esto ocurre mientras el Departamento de Justicia acusa al grupo, que alcanzó la fama durante el movimiento por los derechos civiles de la década de 1960, de pagar a miembros de grupos extremistas del siglo XXI para incitar al odio.
“El SPLC es una entidad sin fines de lucro que pretende combatir la supremacía blanca y el odio racial informando sobre grupos extremistas y realizando investigaciones para orientar a las fuerzas del orden, con el objetivo de desmantelar a dichos grupos“, declaró Todd Blanche, Fiscal General interino, en una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia. “El SPLC no estaba desmantelando a estos grupos; por el contrario, estaba fabricando el extremismo al que supuestamente se opone, pagando a fuentes para incitar al odio racial“.
Blanche informó que el grupo fue acusado de seis cargos de fraude electrónico, cuatro cargos de fraude bancario y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Añadió que el SPLC había pagado al menos 3 millones de dólares a ocho miembros de estos grupos extremistas.
Entre los grupos cuyos miembros recibieron fondos se encuentran el Ku Klux Klan, los United Klans of America, Aryan Nations y el Partido Nacional Socialista de los Nazis Estadounidenses.
El SPLC es una organización sin fines de lucro que rastrea a grupos supremacistas blancos y otros grupos de odio en todo Estados Unidos, y ha sido un objetivo frecuente de los aliados del presidente Donald Trump. Es conocido principalmente por su labor de investigación sobre el Ku Klux Klan.
El grupo ha reconocido haber utilizado a dichos informantes para infiltrarse en grupos extremistas y recopilar información de inteligencia sobre sus operaciones, la cual compartía con las fuerzas del orden locales y federales, según medios de prensa.
El Departamento de Justicia no emitió comentarios de inmediato.
Bryan Fair, director ejecutivo del SPLC, declaró que la organización no conoce todos los detalles, pero que la administración Trump ha iniciado una investigación que podría derivar en la presentación de cargos. Fair señaló que el SPLC trabajó con informantes durante el apogeo del Movimiento por los Derechos Civiles, cuando la violencia contra los activistas era muy intensa.
Asimismo, afirmó que el SPLC se defenderá “enérgicamente“.
