El adelanto electoral puede ofrecer al presidente una oportunidad para rescatar medidas de vivienda y recuperar la iniciativa política. Quienes desean un cambio de Gobierno no deberían confundir la convocatoria con una derrota.
Por: Sady Burge
La esperanza de un cambio de Gobierno no debe llevar a bajar la guardia. El anuncio de elecciones generales para el 29 de noviembre puede generar alivio entre quienes quieren ver presidente fuera de la Moncloa, pero convocar las urnas no significa estar dispuesto a abandonar el poder. No se puede dar a Pedro Sánchez por vencido. Aún no.
Con este anuncio, cobra fuerza la teoría de que el presidente despliega una estrategia calculada y orquestada para mantenerse en el poder. La vivienda podría ser el instrumento para conseguirlo.
Tras el rechazo de los decretos-leyes de vivienda en el Congreso, el Gobierno prevé presentar nuevos textos ante la Diputación Permanente. Si obtiene los apoyos necesarios, podría recuperar parte de esas medidas antes de las elecciones. Tanto su contenido definitivo como su aprobación siguen pendientes.
La Diputación Permanente mantiene determinadas funciones parlamentarias durante la disolución de las Cortes y puede convalidar decretos-leyes. Su composición podría reducir el peso de quienes bloquearon las medidas en el pleno. Ahí podría estar la clave de la maniobra del presidente: buscar una distribución de apoyos más favorable para sacar adelante sus propuestas. El procedimiento puede estar previsto legalmente y, aun así, responder a un cálculo político que merece escrutinio.
Esta podría ser la trampa: aprovechar la convocatoria electoral para presentar en campaña como una solución las medidas que el Congreso rechazó. Sánchez tendría entonces la oportunidad de presentarse como el defensor de quienes necesitan vivienda y señalar a sus adversarios como responsables del bloqueo. Lo que hoy aparece como una derrota podría convertirse en el eje de su campaña y permitirle recuperar el control del debate para buscar un nuevo respaldo con el que continuar gobernando.
Pero, más allá de su utilidad electoral, ¿qué implica esta propuesta de vivienda del Gobierno? El Estado promete protección a los inquilinos mientras traslada a los propietarios cargas que deberían abordarse mediante una política pública financiada y responsable. ¿Durante cuánto tiempo tendría que soportar un ciudadano la imposibilidad de recuperar su vivienda? ¿Quién asumiría los costes? ¿Qué garantías conservaría?
Cuando una persona mantiene una propiedad a su nombre, pero encuentra cada vez más obstáculos para utilizarla, recuperarla o disponer de ella, cabe preguntarse cuánto queda de ese derecho en la práctica. Esta medida podría estar propiciando una expropiación indirecta: un vaciamiento progresivo de las facultades del propietario. Estos mecanismos de intervención son comparables a los empleados por gobiernos comunistas, especialmente cuando la protección habitacional se utiliza para ampliar las restricciones sobre la propiedad.
En Venezuela, el decreto contra los desalojos de 2011 exigió procedimientos especiales antes de ejecutar la salida de personas protegidas y contempló la intervención pública para proporcionar una solución habitacional. El paralelo relevante es la subordinación de la recuperación del inmueble a condiciones adicionales destinadas a proteger a sus ocupantes.
La reforma urbana cubana de 1960 ofrece un antecedente más radical: produjo privaciones de derechos sobre inmuebles de alquiler. Ese precedente constituye una advertencia sobre hasta dónde puede llegar la intervención estatal y justifica prestar atención a cualquier proceso que debilite las facultades del propietario.
Los próximos textos y las votaciones permitirán contrastar si el adelanto electoral encubre esa maniobra para aferrarse al poder. Por eso, la atención debe centrarse tanto en la convocatoria como en las decisiones que la acompañan. Mientras tanto, confiarse sería un error.
Quienes quieren que este Gobierno salga del poder deben mantenerse atentos, abrir los ojos y reclamar una alternativa capaz de proteger a las familias y respetar los derechos de los ciudadanos.
No se debe confundir la esperanza de un cambio con la certeza de que ya ha ocurrido. Ese cambio tendrá que construirse con los votos en las urnas el 29 de noviembre.
Sánchez ha anunciado elecciones. No ha anunciado su derrota.
