El juicio político en contra del ex-fiscal General, Johel Zelaya, se trata de un proceso que fue presentado formalmente, conocido por una comisión en el Congreso Nacional de Honduras y posteriormente aprobado por el pleno con el respaldo de 93 diputados.
Definamos antes de avanzar. “Juicio político” es un procedimiento legislativo para destituir a un funcionario por faltas graves, no un proceso penal con garantías plenas. “Independencia judicial” es la capacidad de jueces y fiscales de decidir sin coerción externa, incluyendo presiones del Legislativo. “Impunidad” es la ausencia sistemática de sanción frente a conductas ilegales o abusivas, ya sea por acción o por omisión.
El caso Zelaya fue presentado como la corrección de una Fiscalía influenciada por intereses familiares y políticos, particularmente ligados al entorno de poder anterior . Las acusaciones incluyeron justicia selectiva, persecución interna contra fiscales disidentes y ocultamiento de pruebas en casos sensibles. Siete testigos reforzaron la narrativa de una institución desviada.
El Congreso Nacional no solo argumentó, escenificó. La pérdida de control de Zelaya en plena audiencia, desestimando pruebas como “chismes” y elevando el tono frente a los diputados, fue convertida en evidencia de incapacidad. No es irrelevante. En política, la conducta pública se transforma en prueba cuando confirma una sospecha previa.
Pero la fuerza del juicio no reside en ese episodio, sino en el patrón que se intentó consolidar: un fiscal que protege aliados y persigue adversarios deja de ser árbitro y pasa a ser operador. Bajo esa premisa, la destitución parece no solo válida, sino necesaria.
Ese es el mejor argumento a favor del proceso. Si la Fiscalía operaba como extensión de un grupo político, su remoción era condición mínima para restaurar el Estado de Derecho. La historia regional respalda esta lógica. Instituciones capturadas rara vez se reforman desde dentro.
En el caso concreto de la decisión de remover al Fiscal General de la República mediante juicio político, no se trata de una acción aislada ni caprichosa. Se trata de un proceso que fue presentado formalmente, conocido por una comisión en el Congreso Nacional y posteriormente aprobado por el pleno con el respaldo de 93 diputados. Ese dato es clave, porque esos 93 diputados no representan a un solo sector, sino a la mayoría de las fuerzas políticas presentes en el Congreso Nacional, hoy dirigido por su Presidente, el Diputado Tommy Zambrano. Es decir, hay una mayoría real, democrática y legítima empujando esta decisión.
Sin embargo, algunos sectores han criticado el proceso, y la herramienta elegida y su expansión su uso inmediato. La destitución de Zelaya no cerró un ciclo, sino que abrió el espacio para otros procesos. En cuestión de días, el Congreso anunció una cadena de juicios políticos contra magistrados, autoridades electorales y funcionarios de control .
El caso de Rebeca Ráquel Obando ilustra el cambio en el proceso. Señalada para juicio político por presunta alineación con el Ejecutivo anterior, optó por renunciar antes de enfrentar el proceso. La renuncia evita la confrontación pública, pero para los críticos, afecta el equilibrio. el Congreso tiene el deber constitucional de remover de sus cargos a aquellos que se cree, hayan violado las normativas en su función política.
Un segundo ejemplo muestra el alcance técnico de la ofensiva. Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas fueron incluidos por “encubrimiento técnico” y “parálisis administrativa”. No se les acusa solo de decisiones incorrectas, sino de no actuar cuando debían hacerlo.
Hasta aquí, la narrativa mantiene coherencia interna. Existe un sistema de impunidad, se identifican responsables y se activa un mecanismo constitucional para removerlos. El cuestionamiento aparece cuando el mecanismo deja de ser excepcional.
Una herramienta excepcional, aplicada de forma rutinaria, puede cambiar de naturaleza.
Cuando el Congreso puede iniciar múltiples juicios políticos en secuencia, sin intervalos que permitan evaluar efectos, el balance entre poderes se desplaza. No porque el procedimiento sea ilegítimo, sino porque su frecuencia redefine su función según críticos. De correctivo pasa a ser método de administración institucional.
Sin embargo, se cambió al Fiscal General y este respondía al mismo partido que controlaba el Ejecutivo y que dominaba el Congreso. Se cambió también la Corte Suprema de Justicia, y nuevamente el control recaía en la misma fuerza política que manejaba el aparato estatal. En términos prácticos, el Estado terminó siendo conducido de manera unilateral por un solo partido.
Algunos señalan que la lucha contra la impunidad puede debilitar la independencia judicial si se centraliza el poder de sanción en un solo órgano político. Pero dentro de la constitución de Honduras, la herramienta de juicio político tiene su papel definido, y en el caso del ex Fiscal General, una mayoría que representa a las diferencias fuerzas políticas que representan el país.
Quienes respaldan la ofensiva legislativa sostienen que la magnitud del problema exige rapidez. Si las instituciones estaban comprometidas, la gradualidad solo prolonga el daño. Bajo esa lógica, la “purga” no es un exceso, sino una fase necesaria de reconstrucción.
Ese argumento tiene peso. La evidencia comparada sugiere que reformas profundas suelen requerir rupturas abruptas. Pero incluso en esos casos, el riesgo no desaparece, se desplaza. El poder que limpia también puede consolidarse.
En el gobierno anterior, tanto el Congreso Nacional como el Poder Ejecutivo funcionaban bajo una lógica de concentración de poder, sin verdadera representatividad de otros partidos, sin apertura real hacia la sociedad civil y sin equilibrio entre los distintos sectores nacionales. El país vivió un esquema en el que prácticamente un solo partido político controlaba de manera simultánea el Ejecutivo, el Legislativo y además incidía directamente en las instituciones llamadas a controlar, investigar y judicializar.
En términos prácticos, el Estado terminó siendo conducido de manera unilateral por un solo partido.
¿Y qué produjo eso?
- Produjo impunidad.
- Produjo persecución política desmedida.
- Produjo corrupción no perseguida.
- Produjo el uso de los órganos de control, de investigación y de judicialización no para defender la ley, sino para proteger intereses políticos, castigar adversarios y sostenerse en el poder.
El calendario político intensifica esa presión. Tras el receso de Semana Santa, se prevé el inicio de nuevas audiencias contra una lista ampliada de funcionarios.
El precedente Zelaya establece el modelo. Conducta en audiencia, vínculos políticos, decisiones administrativas y testimonios se convierten en un paquete replicable. La pregunta ya no es si habrá más destituciones, sino bajo qué criterio se detendrán.
Lo que es claro es que, la votación abrumadora de las últimas elecciones abrió la puerta para cambiar de raíz ese modelo de concentración del poder. Y lo que está haciendo hoy el Congreso Nacional es precisamente comenzar a poner en orden lo que el esquema anterior dejó en desorden.
No se trata de romper la institucionalidad; se trata de rescatarla. No se trata de imponer una visión unilateral; se trata de devolverle al país equilibrio, representación y legalidad.
Correctivos disciplinarios producen efectos inmediatos. Jueces y fiscales, ante la posibilidad de ser sometidos a juicio político, ajustan su comportamiento más apego a la ley, y pendientes a la expectativa del órgano que puede destituirlos de comprometer sus cargos por influencias políticas. Se está creando precedente.
El Congreso ha prometido que “nadie está por encima de la ley”. La credibilidad de esa promesa no dependerá de cuántos funcionarios caigan, sino de si el propio Congreso se somete a límites equivalentes en su uso del poder.
Una institución no se vuelve independiente porque cambien sus ocupantes, sino porque el costo de intervenirla supera el beneficio político de hacerlo.
En resumen, este Congreso no actúa como un instrumento de un solo partido, sino como un espacio donde convergen distintas fuerzas políticas que, con respaldo mayoritario, están tomando decisiones para corregir abusos del pasado y devolverle al pueblo hondureño un Estado más representativo, más equilibrado y justo.
Honduras ha entrado en una fase donde ese costo aún no está definido. Si la ola de juicios políticos establece reglas claras y consistentes, habrá corregido una desviación histórica. Si no, habrá sustituido una forma de impunidad por una forma más eficiente de control.
El juicio contra Zelaya será recordado como el inicio. Lo que determine su significado no es la caída de un fiscal, sino el tipo de poder que quedó autorizado después.
