La norma permitía a los jueces de inmigración retrasar los procesos de deportación mientras los migrantes solicitaban asilo u otro tipo de amparo legal.
El Tribunal Supremo, sin que se registraran votos en contra, ha permitido que entre en vigor un acuerdo entre Texas y el Departamento de Justicia que pone fin a una norma migratoria de la era Biden.
La administración Biden adoptó la norma en 2024, estableciendo formalmente procedimientos para que los jueces de inmigración pudieran pausar temporalmente ciertos procesos de deportación mediante una práctica conocida como “cierre administrativo“, incluso cuando los migrantes buscaban algún tipo de amparo migratorio a través de otros procedimientos federales.
La decisión del Tribunal Supremo mantiene vigente el fallo de un tribunal inferior que eliminó dicha norma, suprimiendo así un procedimiento que permitía suspender temporalmente ciertos casos de deportación.
Texas demandó al gobierno federal en junio, argumentando que la norma se había adoptado sin la debida autoridad legal.
El Departamento de Justicia coincidió con Texas y solicitó al juez a cargo del caso que anulara la norma y evitara la adopción de medidas similares en el futuro.
Los detractores acusaron a Texas y al Departamento de Justicia de confabularse para eliminar la norma de la era Biden, argumentando que ambas partes colaboraron a pesar de estar en lados opuestos del litigio.
El mismo día en que el Departamento de Justicia presentó su solicitud, el juez de distrito Reed O’Connor, designado en su momento por el presidente George W. Bush, la aprobó.
Sin embargo, en agosto, tres ciudades con una gran población inmigrante, Baltimore (Maryland), New Haven (Connecticut) y Columbus (Ohio), junto con la organización de defensa legal de los inmigrantes “Centro Legal de la Raza“, intentaron intervenir en el caso para defender la norma de la era Biden durante el proceso de apelación.
Las ciudades argumentaron que la eliminación de la norma podría derivar en la deportación de sus residentes, lo que reduciría sus ingresos fiscales y les otorgaría legitimación jurídica para impugnar el acuerdo. O’Connor rechazó dicho argumento.
El 9 de octubre, las tres ciudades y el Centro Legal de la Raza solicitaron al Tribunal Supremo que bloqueara temporalmente la sentencia del tribunal inferior mientras avanzaba su apelación, acusando a Texas y al gobierno federal de haber incurrido en una “colusión flagrante” para eliminar la norma de la era Biden.
Los abogados federales argumentaron que las ciudades y sus aliados carecían de legitimación para impugnar el acuerdo, ya que no habían demostrado el perjuicio concreto necesario para que un tribunal federal examinara sus demandas.
