Fernández también prometió que Costa Rica contaría pronto con “uno de los centros de vigilancia policial más modernos del mundo”.
Laura Fernández, de Costa Rica, prestó juramento como presidenta este viernes; la política de derecha prometió librar una guerra contra la delincuencia en esta pequeña nación centroamericana, reconocida desde hace mucho tiempo como un bastión de paz y prosperidad.
Fernández, de 39 años, prometió reformas de gran alcance en el sistema judicial y en las leyes de seguridad vigentes con el fin de reforzar la seguridad pública.
“Costa Rica no puede normalizar la vergüenza de ver sus instituciones penetradas por la delincuencia. No podemos permitir que los narcotraficantes encuentren grietas en nuestro sistema“, declaró Fernández en su discurso inaugural.
“La reforma que necesitamos es profunda y vamos a impulsarla sin temor“, afirmó.
La semana pasada, Fernández presentó a Gerald Campos como su nuevo ministro de Seguridad, prometiendo “una guerra de mano dura contra el crimen organizado“.
Costa Rica, que abolió su ejército en 1948, ha sido famosa durante mucho tiempo por ser una de las naciones más pacíficas de la región, incluso mientras sus vecinos padecían dictaduras violentas, intervenciones militares y guerras civiles.
Sin embargo, sus tasas de homicidios batieron récords durante el mandato de cuatro años del predecesor de Fernández, Rodrigo Chaves; un hecho que Estados Unidos atribuyó a que Costa Rica se convirtió en un punto de tránsito clave para los cargamentos de cocaína sudamericana con destino a EE. UU. y Europa.
Fernández se desempeñó como ministra de la Presidencia bajo el gobierno de Chaves, quien continuará desempeñando un papel importante en la política nacional como líder de su partido, Pueblo Soberano, y como ministro de la Presidencia y de Finanzas del propio gabinete de Fernández.
Chaves, quien no podía postularse a la reelección según la legislación costarricense, criticó reiteradamente al sistema judicial durante su mandato, lo que llevó a sus detractores a acusarlo de tener tendencias autoritarias que recuerdan a las del presidente del vecino El Salvador, Nayib Bukele.
Este viernes, Fernández anunció que pronto inaugurará una prisión de máxima seguridad que Costa Rica está construyendo, la cual sigue el modelo del centro antiterrorista CECOT de El Salvador, donde cientos de venezolanos fueron retenidos sin juicio tras ser deportados desde Estados Unidos a principios del año pasado.
Diversos grupos de derechos humanos han denunciado que los detenidos en la prisión salvadoreña, muchos de los cuales fueron condenados en juicios masivos, han sido sometidos a torturas y privados de alimentos, atención médica y asistencia legal.
Fernández también prometió que Costa Rica contaría pronto con “uno de los centros de vigilancia policial más modernos del mundo“.
Fernández, quien ejercerá el cargo hasta 2030, ganó las elecciones de febrero con el 49% de los votos y 31 de los 57 escaños en la legislatura unicameral del país, otorgando al partido gobernante una mayoría absoluta.
Fernández prestó juramento sobre una Biblia y la Constitución de Costa Rica en el Estadio Nacional de la capital, cuya construcción fue un regalo de China en 2007; no obstante, su predecesor, Chaves, se distanció de la potencia asiática durante su mandato, posicionándose más cerca de Washington.
El rey Felipe VI de España, el presidente israelí Isaac Herzog y el subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, tenían previsto asistir, al igual que los presidentes de los países vecinos: Panamá, Guatemala y la República Dominicana. Bukele, sin embargo, no asistió al evento, como tampoco lo hizo el presidente de la vecina Nicaragua, Daniel Ortega.
A pesar de las tasas de homicidios récord, la presidencia de Chaves estuvo marcada por una sólida recuperación económica post-pandemia, una inflación baja y una reducción de la pobreza, si bien la creación de empleo se mantuvo limitada.
Fernández asume el liderazgo de esta nación de poco más de 5 millones de habitantes en un momento de incertidumbre geopolítica, marcada por la guerra entre EE. UU. e Israel contra Irán, que ha disparado los precios del petróleo en todo el mundo, y por presiones fiscales potencialmente mayores.
