Joseph Edlow afirma que los casos de asilo pendientes se dispararon de 400.000 en 2021 a 1,5 millones tras los años de la administración Biden.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha creado un equipo especial de investigadores criminales para erradicar el fraude migratorio, dotando a los agentes especiales recién designados de facultades policiales ampliadas para investigar, detener y procesar a los infractores, e incluso para desnaturalizar a quienes hayan actuado con engaño.
“Vamos a llegar a un punto en el que la gente sabrá que, si presentan una solicitud, y lo hacen de manera fraudulenta, o no nos cuentan la historia completa, nosotros lo descubriremos“, declaró el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), Joseph Edlow.
“Lo que estamos haciendo, y para lo cual vimos una necesidad, es crear un grupo altamente especializado de investigadores criminales. Muchos de ellos se encuentran actualmente en fase de capacitación, y continuamente estamos incorporando a más personal que será desplegado en diversas oficinas de campo por todo el país para investigar casos reales de fraude migratorio“.
Edlow anunció esta iniciativa en septiembre, en el marco de una norma final que autoriza a la agencia a contratar y capacitar a oficiales clasificados bajo el código 1811; estos agentes están facultados para portar armas de fuego, ejecutar órdenes judiciales y gestionar los casos de principio a fin sin tener que remitirlos siempre al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“El USCIS siempre ha sido una agencia encargada de hacer cumplir la ley“, afirmó Edlow en el comunicado de prensa de la agencia. “Este momento histórico nos permitirá abordar con mayor eficacia los delitos migratorios, exigir responsabilidades a quienes perpetran fraudes en materia de inmigración y actuar como un multiplicador de fuerzas para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y nuestros socios federales en la aplicación de la ley, incluido el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo“.
Esta medida da cumplimiento a una delegación de autoridad otorgada por la ex-secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y tiene como objetivo reforzar la detección de fraudes y los controles de seguridad nacional dentro del sistema de inmigración legal.
En una de las primeras pruebas de este mayor escrutinio, la “Operación Twin Shield” del USCIS, llevada a cabo en el área de Minneapolis-St. Paul, reveló indicios de fraude en 275 de los más de 1.000 casos revisados durante una intensiva campaña de 10 días que incluyó visitas a sitios y entrevistas. Edlow declaró que esta operación forma parte de una ofensiva más amplia: “El USCIS declara una guerra total contra el fraude migratorio“, afirmó. “Perseguiremos implacablemente a todo aquel que participe en socavar la integridad de nuestro sistema y nuestras leyes de inmigración“.
Edlow también comentó sobre la estrategia de aprovechar y ampliar la labor de investigación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con la capacidad de centrarse específicamente en delitos concretos: “Esto se dice con todo el debido respeto hacia la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Ellos realizan una labor excelente, pero poseen un conjunto de facultades muy amplio. Nosotros, en cambio, contamos con un conjunto de facultades más acotado. Nos centraremos exclusivamente en los asuntos de inmigración y naturalización; y es precisamente eso lo que, finalmente, pondrá orden en el sistema de inmigración legal“.
Aquellas personas que resulten haber cometido fraude migratorio, particularmente al obtener la naturalización mediante la ocultación de hechos sustanciales, declaraciones falsas deliberadas o medios ilícitos, se exponen a la posible revocación de su ciudadanía (desnaturalización) y a una posterior deportación, de conformidad con la legislación estadounidense y las acciones de cumplimiento de la ley que se encuentran en curso.
El Departamento de Justicia (DOJ), a menudo con la asistencia del USCIS, tramita casos de desnaturalización, ya sean de índole civil o penal, ante los tribunales federales cuando las pruebas demuestran que la ciudadanía fue obtenida de manera ilegal; por ejemplo, mediante matrimonios simulados, identidades falsas, la ocultación de antecedentes penales o la presentación de documentos fraudulentos. Una vez dictada la sentencia, la persona recupera su estatus migratorio anterior y queda sujeta a expulsión del país.
Entre los ejemplos recientes se incluyen las acciones legales emprendidas contra ciudadanos naturalizados implicados en tramas de fraude fiscal, en la ocultación de su identidad para eludir órdenes de deportación previas, o en fraudes de naturalización perpetrados mediante la presentación de sentencias de divorcio falsas.
Edlow ha subrayado que la revisión exhaustiva de casos pasados y la exigencia de rendición de cuentas serán las herramientas empleadas para erradicar a los defraudadores, y ha recordado que, en la mayoría de las acciones civiles de desnaturalización, no existe plazo de prescripción.
