El Departamento de Seguridad Nacional lleva más de 70 días cerrado, pero los republicanos de la Cámara de Representantes siguen negándose a votar sobre la legislación aprobada por el Senado para reabrirlo, hasta que vean más avances en la financiación para la aplicación de las leyes de inmigración.
Los republicanos de la Cámara de Representantes de EE. UU. enfrentan una abrumadora lista de tareas legislativas para la próxima semana.
El Departamento de Seguridad Nacional lleva más de 70 días cerrado, pero los republicanos de la Cámara de Representantes siguen negándose a votar sobre la legislación aprobada por el Senado para reabrirlo, hasta que vean más avances en la financiación para la aplicación de las leyes de inmigración.
El Senado ya ha aprobado una resolución presupuestaria que establece las pautas para un proyecto de ley de conciliación presupuestaria, inmune a maniobras de obstrucción (filibusterismo), destinado a financiar al ICE y a la Patrulla Fronteriza durante los próximos tres años.
Una vez que la Cámara de Representantes apruebe dicha resolución presupuestaria, los legisladores podrán comenzar a redactar el proyecto de ley de conciliación propiamente dicho. Sin embargo, esa aprobación dista mucho de ser segura, dado que algunos republicanos desean incorporar otras prioridades legislativas al proyecto de ley.
Los representantes estadounidenses Jason Smith (R-Mo.), Jodey Arrington (R-Texas) y otros han argumentado que esta podría ser la última oportunidad de los republicanos para imponer políticas partidistas por la fuerza antes de que el equilibrio de poder en el Congreso cambie potencialmente en noviembre.
En un esfuerzo por evitar más retrasos en el fin del cierre del DHS, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-La.), y otros líderes republicanos se muestran dispuestos a tramitar un tercer proyecto de ley de conciliación para dar cabida a dichas solicitudes.
“Lo haremos lo más rápido posible“, afirmó Johnson.
Sin embargo, la resolución presupuestaria no es el único proyecto de ley que Johnson debe convencer a los republicanos reticentes de apoyar la próxima semana; también debe ganárselos para lograr la reautorización de la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA).
Esta disposición permite al gobierno federal recopilar los datos electrónicos de actores extranjeros considerados de interés, almacenarlos en una base de datos y acceder a dicha base sin necesidad de una orden judicial. No obstante, los metadatos de los ciudadanos estadounidenses a menudo quedan también incluidos en esa recopilación, lo que suscita inquietudes respecto a los derechos de los ciudadanos amparados por la Cuarta Enmienda.
Los esfuerzos más recientes de Johnson para reautorizar esta disposición fracasaron estrepitosamente en la Cámara de Representantes, donde más de una docena de miembros de su propio partido votaron junto a los demócratas para frustrar tanto una propuesta de prórroga de 18 meses como otra de cinco años.
A pesar de este revés, el presidente de la Cámara ha preparado una propuesta de prórroga de tres años, sin los requisitos de orden judicial que exigían los miembros reticentes, para que sea sometida a votación en el pleno tan pronto como el lunes. Si no se aprueba algún tipo de prórroga, la Sección 702 de la FISA expirará el próximo 30 de abril.
Mientras todo esto se desarrolla, la Cámara también comenzará a debatir el proyecto de ley agrícola quinquenal (*Farm Bill*), una pieza legislativa crítica y pendiente de aprobación que respalda programas y subvenciones destinados a los agricultores, las comunidades rurales y la agricultura estadounidense en general.
Además, el Comité de Asignaciones de la Cámara continuará avanzando en la tramitación de los 12 proyectos de ley anuales de financiación gubernamental correspondientes al año fiscal 2027, el cual dará comienzo el 1 de octubre.
