Las autoridades alegan que utilizó su cargo para encubrir las operaciones de narcotráfico del grupo, ordenando a los agentes del orden que no arrestaran a los miembros de “Los Chapitos”, sino que dirigieran sus acciones contra grupos criminales rivales.
Gerardo Mérida Sánchez fue arrestado en Arizona el 11 de mayo antes de ser trasladado a Nueva York.
Un exjefe de seguridad del estado mexicano de Sinaloa ha quedado bajo custodia de las autoridades estadounidenses debido a acusaciones vinculadas con el Cártel de Sinaloa, según registros judiciales federales e informes hechos públicos a última hora del jueves.
Gerardo Mérida Sánchez, de 66 años, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa desde septiembre de 2023 hasta diciembre de 2024, fue arrestado en Arizona el 11 de mayo antes de ser trasladado a Nueva York.
Según se informa, está previsto que comparezca ante un tribunal federal en Manhattan este viernes y actualmente se encuentra detenido en un centro de detención federal en Brooklyn.
Mérida Sánchez y el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, fueron imputados en una acusación formal hecha pública en el tribunal federal de Manhattan el 29 de abril, en la que se les acusa de conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a los Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
Según la acusación, los fiscales estadounidenses afirmaron que Mérida Sánchez aceptó más de 100.000 dólares mensuales en sobornos en efectivo de parte de “Los Chapitos”, una poderosa facción del cártel liderada por los hijos del narcotraficante encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán, a cambio de proteger las operaciones del grupo.
Las autoridades alegan que utilizó su cargo para encubrir las operaciones de narcotráfico del grupo, ordenando a los agentes del orden que no arrestaran a los miembros de “Los Chapitos”, sino que dirigieran sus acciones contra grupos criminales rivales.
Los fiscales también acusan a Mérida Sánchez de filtrar información de inteligencia sensible al cártel, incluyendo advertencias anticipadas sobre investigaciones y redadas planificadas en laboratorios de drogas y casas de seguridad. En un caso ocurrido en 2023, las autoridades señalaron que alertó al grupo con antelación sobre al menos 10 redadas, lo que permitió a los miembros del cártel trasladar personal, drogas y equipo antes de que llegaran las fuerzas de seguridad.
El caso del cártel agudiza las tensiones políticas entre EE. UU. y México
La acusación formal marcó una escalada significativa en la ofensiva de Estados Unidos contra los cárteles de la droga mexicanos, ampliando las investigaciones más allá de las organizaciones criminales para incluir a figuras políticas acusadas de colaborar con redes de narcotráfico.
Rocha, miembro del partido Morena de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, negó los cargos y afirmó que constituían un ataque contra el movimiento político gobernante de México.
Se separó temporalmente de su cargo el 2 de mayo, solicitando una licencia de 30 días y declarando que lo hacía con la “conciencia tranquila“. Rocha señaló que aprovecharía ese tiempo para defenderse de lo que describió como acusaciones “falsas y maliciosas“, así como para cooperar con la investigación del gobierno mexicano sobre el caso. Yeraldine Bonilla Valverde fue designada como gobernadora interina.
El 30 de abril, Sheinbaum declaró que su gobierno no encubriría a nadie que hubiera cometido un delito, aunque sugirió que los cargos presentados por Estados Unidos parecían tener motivaciones políticas.
“Si no existen pruebas contundentes, resulta evidente que el objetivo de estas acusaciones por parte del Departamento de Justicia es político“, afirmó.
Estos últimos acontecimientos coinciden, además, con un giro más amplio hacia una línea dura en la política antinarcóticos de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. Esta semana se instruyó a los fiscales federales para que consideren la aplicación de “estatutos relacionados con el terrorismo” contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al narcotráfico; una medida que, según se prevé, tensará aún más las relaciones entre Washington y la Ciudad de México.
Se informó que dicha directiva se produjo tras la decisión adoptada por el Presidente Trump a principios de este año de designar a varios cárteles de la droga latinoamericanos como “organizaciones terroristas“, en el marco de una estrategia ampliada que también ha intensificado las operaciones militares estadounidenses dirigidas contra presuntos narcotraficantes en el mar Caribe y el océano Pacífico.
