La acusación formal imputa a funcionarios de alto nivel en Sinaloa delitos tales como narcotráfico, delitos relacionados con armas y secuestro.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha acusado al gobernador de Sinaloa y a otros nueve funcionarios mexicanos, actuales y exfuncionarios, por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, imputándoles haber facilitado la importación masiva de estupefacientes ilícitos hacia los Estados Unidos.
Algunos de los funcionarios eran miembros del partido gobernante progresista de México, Morena, lo que plantea un dilema político para la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien busca contrarrestar las crecientes presiones provenientes de la administración Trump.
En su conferencia de prensa diaria del jueves, Sheinbaum declaró que su gobierno investigaría las acusaciones, aunque sugirió que la motivación detrás de las mismas podría ser de índole política.
“No encubriremos a nadie que haya cometido un delito“, afirmó. “Sin embargo, si no existen pruebas contundentes, resulta evidente que el objetivo de estas acusaciones por parte del Departamento de Justicia es político“.
Las 10 personas acusadas ante el tribunal federal de Manhattan son funcionarios, actuales y exfuncionarios, del gobierno o de las fuerzas del orden público de Sinaloa; entre ellos figura Rubén Rocha Moya, de 76 años, quien ejerce como gobernador del estado mexicano de Sinaloa desde noviembre de 2021.
La acusación formal sostiene que el gobernador fue elegido en 2021 con la ayuda del Cártel de Sinaloa, organización que, según se alega, secuestró e intimidó a rivales políticos a cambio de que se protegieran sus operaciones una vez que el gobernador asumiera el poder.
Los cargos contra Rocha Moya incluyen conspiración para la importación de estupefacientes y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de un cargo adicional por conspiración. De ser declarado culpable, podría enfrentar una pena de cadena perpetua o una sentencia mínima obligatoria de 40 años de prisión.
En respuesta a la acusación formal, Rocha Moya escribió en la red social X que “rechaza categórica e inequívocamente” los cargos, calificándolos de “completamente falsos y carentes de todo fundamento“.
“Forma parte de una estrategia perversa para vulnerar el orden constitucional (de México), específicamente en lo referente a la soberanía nacional“, escribió en una publicación en X el miércoles por la tarde. “Les demostraremos que esta calumnia carece de todo fundamento“.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que el combate a la delincuencia transnacional constituye una prioridad compartida entre ambos países.
“Nuestros países se han comprometido a fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho. Eso es lo que desean nuestros ciudadanos a ambos lados de la frontera y, como he dicho reiteradamente, es lo que merecen“.
Sin embargo, Sheinbaum cuestionó los comentarios de Johnson. “Un embajador no puede adoptar una actitud intervencionista“, declaró el jueves.
Y añadió: “No permitiremos que ningún gobierno extranjero venga a decidir el futuro del pueblo mexicano“.
La Fiscalía General de la República de México informó que analizará las pruebas recibidas de Estados Unidos para determinar si justifican la solicitud de detener y extraditar a las 10 personas imputadas. Asimismo, iniciará su propia investigación paralela.
Sheinbaum señaló que, si la Fiscalía recibiera o hallara “pruebas contundentes e irrefutables“, el caso ‘deberá proceder conforme a la ley, bajo nuestra jurisdicción“.
La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que informó haber recibido diversas solicitudes de extradición por parte del gobierno estadounidense, añadiendo que corresponderá a la Fiscalía General determinar si existen pruebas suficientes para detener a los imputados.
En la acusación formal, las autoridades estadounidenses alegaron que los acusados desempeñaron papeles fundamentales para ayudar al cártel a transportar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos. El Cártel de Sinaloa figura entre los ocho grupos delictivos latinoamericanos designados como organizaciones terroristas por el gobierno de Estados Unidos.
Bajo la presión de la administración Trump, que ha amenazado con imponer aranceles y emprender acciones militares unilaterales, el gobierno mexicano ha intensificado las detenciones y las incautaciones de drogas en todo el país, ha trasladado a prisiones estadounidenses a cerca de un centenar de operadores de alto nivel de los cárteles y ha lanzado operativos contra los principales capos.
En los últimos dos meses, las fuerzas armadas mexicanas abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y detuvieron a Audias Flores Silva, quien figuraba como posible sucesor.
