El caso judicial se suma a varias investigaciones por corrupción que involucran al círculo íntimo de Pedro Sánchez.
Un tribunal de Madrid imputó este lunes a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por cuatro cargos, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de fondos.
Tras una investigación de dos años, el juez Juan Carlos Peinado dictaminó que Gómez debe ir a juicio por presuntas irregularidades cometidas durante su etapa como codirectora de dos másteres y de una cátedra especial en la Universidad Complutense de Madrid, y que podría tener que comparecer ante un jurado.
Según la resolución judicial, citada por la cadena pública RTVE, el juez señaló que, precisamente debido a su condición de esposa del presidente del Gobierno, circunstancia que benefició la expansión, la financiación y el funcionamiento de su cátedra universitaria, se tomaron decisiones que “pudieron haberse obtenido mediante una singular explotación de su posición relacional“.
El juez instructor también ha imputado a una ex-asesora del gabinete de Sánchez, Cristina Álvarez, a quien acusa de los mismos delitos que a Gómez, así como al empresario Juan Carlos Barrabés por tráfico de influencias y corrupción.
Gómez niega haber cometido irregularidad alguna, y el presidente del Gobierno ha defendido la inocencia de su esposa, acusando de manera controvertida a los jueces españoles de parcialidad política en la televisión nacional.
De hecho, pocos meses después de que se iniciara la investigación en 2024, el presidente del Gobierno, que había sido citado a declarar, presentó una denuncia contra el juez por abuso de poder. Dicha denuncia fue posteriormente desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, órgano que supervisa a todos los tribunales locales de la región.
La imputación supone un duro revés para el primer ministro socialista, quien ha sufrido una serie de contundentes derrotas electorales en las recientes elecciones regionales y cuyo partido se ha visto envuelto en una serie de escándalos de corrupción de gran repercusión, incluido un presunto esquema de cobro de comisiones a cambio de contratos supuestamente liderado por su exministro José Luis Ábalos, el cual está siendo investigado actualmente por el Tribunal Supremo.
El hermano de Sánchez, David Sánchez, también se enfrentará a juicio en mayo por presuntos delitos de corrupción. Este caso involucra al líder socialista de la región de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, quien está acusado de crear un cargo público *ad hoc* para el hermano del primer ministro en el Ayuntamiento de Badajoz.
Los ministros del gobierno de coalición minoritario liderado por los socialistas de Sánchez han reaccionado con rapidez ante la noticia de esta última imputación. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, declaró a los periodistas que el juez instructor Peinado ha «avergonzado» a los ciudadanos y a los jueces españoles, y que el «daño que ha causado al sistema judicial es irreparable».
El ministro expresó su esperanza de que un «tribunal superior más imparcial» pueda «revisar» esta decisión judicial.
