¿Abuso de poder? El director Kash Patel está construyendo un caso penal en una operación y planeando la desclasificación de otras dos para que el Congreso pueda estar informado sobre los abusos cometidos por administraciones anteriores contra Trump y cientos de sus partidarios mediante guerra legal.
El presidente Donald Trump y sus partidarios fueron blanco de cuatro investigaciones consecutivas de contrainteligencia del FBI con nombre en clave durante la última década.
Estas investigaciones sometieron secretamente a cientos de estadounidenses inocentes a tácticas de invasión de la privacidad y, en esencia, trataron al hombre, elegido presidente en dos ocasiones, como una amenaza para la seguridad nacional durante la mayor parte de los primeros nueve años de su carrera política, según entrevistas y documentos revisados por medio de comunicación independiente “Just the News”.
El director del FBI, Kash Patel, ha liderado personalmente la revisión de las operaciones denominadas “Crossfire Hurricane, Round River, Plasmic Echo y Arctic Frost“, que se extendieron desde el verano de 2016 hasta enero de 2025. Las autoridades informaron que se descubrió evidencia de una redada de gran alcance que, en algunos casos, podría haberse basado en justificaciones falsas, engañosas o no corroboradas.
Muchos de los archivos de investigación permanecieron ocultos, incluso para la mayoría de los agentes del FBI, porque estaban marcados como de “acceso prohibido” y eran cuidadosamente controlados por la dirección del FBI.
La búsqueda de Patel ha contado con el apoyo de denunciantes dentro de la agencia, un grupo de altos ejecutivos de la agencia cercanos al director y algunos miembros del Congreso, en particular el presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, republicano por Iowa.
Quienes han visto los registros declararon a “Just the News” que estos describen cómo las misiones ampliadas de contra-terrorismo y contrainteligencia del FBI tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 fueron finalmente secuestradas por la política, lo que llevó a los agentes a desplegar herramientas diseñadas para terroristas y espías contra ciudadanos comunes, con el fin de encontrar la manera de presentar cargos penales contra Trump.
Un denunciante declaró este mes al FBI que la vigilancia y el seguimiento de figuras de Trump continuaron hasta la investidura del presidente en enero de 2025, según múltiples entrevistas.
Pocos dentro del círculo de Trump se salvaron de ser atacados por su estatus: una docena de miembros del Congreso y sus equipos, su futura jefa de gabinete, Susie Wiles, periodistas, asesores de campaña, abogados defensores e incluso el propio Patel vieron su privacidad vulnerada por órdenes judiciales, escuchas telefónicas, vigilancia de la FISA, análisis de registros telefónicos, evaluaciones del FBI o grandes jurados.
Muchos objetivos y sujetos se encontraban dentro de la definición de la agencia de objetivos en circunstancias especiales porque gozan de privilegios constitucionalmente protegidos, como abogados, miembros del Congreso, periodistas y figuras políticas.
Incluso un consultor político convertido en documentalista que investigó los negocios extranjeros de Hunter Biden antes de unirse a la campaña de Trump para 2024 fue notificado recientemente de que era objeto de una investigación criminal que recientemente fue clausurada, según cartas entre el Congreso y el FBI revisadas por “Just the News”.
En 2023 a, Michael Caputo, se le fue incautado sus correos electrónicos y comunicaciones mediante una “citación clasificada” emitida unas dos semanas después de unirse a la campaña de Trump. La cuenta de correo electrónico que la agencia penetró “contenía correspondencia sobre las estrategias y deliberaciones privadas de la Campaña de Trump“, según la correspondencia.
El FBI de Patel ha informado al Congreso que la investigación ha sido clausurada. Sin embargo, la pregunta de cómo tantos estadounidenses fueron objeto de investigación sigue abierta.
Al menos 1200 personas que se clasifican como objetivos o sujetos en circunstancias especiales fueron investigadas por el FBI entre 2018 y 2024 durante el mandato de Wray, según reveló un reciente y controvertido informe de auditoría al Congreso.
